El Gobierno ecuatoriano ha escalado su respuesta a las protestas sociales, estableciendo un estado de excepción en un total de 16 provincias del país. La decisión se formalizó durante el fin de semana a través de los decretos ejecutivos 174 y 175, firmados por el presidente Daniel Noboa. La nueva disposición suspende la libertad de reunión durante 60 días y rige desde el pasado 4 de octubre en diez provincias andinas y amazónicas: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Estas diez jurisdicciones se suman a Carchi e Imbabura, donde el estado de excepción ya estaba vigente desde el 16 de septiembre por el Decreto Ejecutivo 134, debido a la intensa actividad del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El Ejecutivo argumenta que la medida se justifica por la causal de “grave conmoción interna”, generada por las manifestaciones, cierres viales y enfrentamientos que amenazan la seguridad ciudadana.
Adicionalmente, mediante el decreto 175, el mandatario renovó por 30 días adicionales el estado de excepción en cinco provincias costeras y una localidad: Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía en Bolívar. El Gobierno sostiene que el objetivo de esta ampliación es contener la radicalización de las manifestaciones y minimizar las afectaciones a la población. Estas medidas se toman en un clima de alta tensión social tras el retiro del subsidio al diésel, que ha provocado quince días de paralizaciones en varias provincias del país.
