Quito, Ecuador – La preocupación por la seguridad en el ámbito judicial se intensifica en Ecuador. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior y a los organismos de seguridad del Estado que se adopten medidas de protección de manera urgente para una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. La petición también incluye la salvaguarda de las instalaciones del Complejo Judicial Norte (Iñaquito) en la ciudad de Quito.
La solicitud de Godoy surge a raíz de la gran conmoción social generada por el denominado caso ‘Blanqueo Fito’, un proceso judicial de alto perfil que investiga operaciones de presunto lavado de dinero vinculadas a poderosas estructuras criminales en el país. El presidente de la Judicatura enfatizó la necesidad de anticiparse a posibles ataques contra la independencia judicial, afirmando que “no van a esperar a que se concrete una amenaza” para actuar. En ese sentido, aseguró que se brindarán todas las facilidades necesarias para el desarrollo del proceso, garantizando una acción judicial imparcial, técnica y libre de injerencias.
El caso ‘Blanqueo Fito’ ha tomado relevancia tras las recientes acciones de las autoridades. El ministro del Interior, John Reimberg, y la Fiscal General del Estado comunicaron la incautación de 26 vehículos y 46 propiedades pertenecientes al círculo familiar de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, principal cabecilla del grupo armado organizado Los Choneros. Seis de sus familiares, incluyendo un hermano, su cuñado, su pareja sentimental y los padres de su segunda conviviente, fueron capturados en operaciones realizadas en Manta, Portoviejo, Quito y Guayaquil. Las propiedades a confiscar tienen un valor total estimado en 12 millones de dólares, lo que subraya la magnitud de la estructura financiera criminal que se intenta desmantelar.
