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octubre 28, 2025 | Actualizado ECT
octubre 28, 2025 | Actualizado ECT

Noboa defiende bases extranjeras en Galápagos y Salinas

El mandatario propuso la isla Baltra y Salinas como ubicaciones ideales para la instalación de centros no militares de vigilancia, asegurando que el objetivo es “proteger Galápagos” y que los acuerdos no implican “entrega de soberanía”.

Escrito por Abel Cano

octubre 28, 2025 | 09:46 ECT

El presidente Daniel Noboa defendió este martes su propuesta de permitir la instalación de bases extranjeras en Ecuador, uno de los temas a consultarse en el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025. El mandatario insistió en que no se trata de “bases militares” ni de una “entrega de soberanía”, sino de espacios de cooperación internacional para fines de seguridad y control ambiental.

Noboa adelantó que las ubicaciones estratégicas que considera serían ideales son la isla Baltra (Galápagos) y Salinas (Santa Elena).

Objetivos en Galápagos y Salinas

  • Isla Baltra: El objetivo principal sería “proteger Galápagos” del aumento de flotas pesqueras extranjeras, especialmente chinas, que operan ilegalmente. “El principal objetivo de esa base sería controlar la pesca ilegal y proteger los ecosistemas”, afirmó Noboa, añadiendo que también ayudaría a controlar el narcotráfico y el tráfico de combustibles. El presidente resaltó que la ubicación en Baltra es una decisión “estratégica y legal” que además generaría beneficios sociales para la población.
  • Salinas: Noboa señaló que en Salinas ya existe infraestructura, y su ubicación privilegiada permitiría controlar el tráfico de drogas, la pesca ilegal y las maniobras de las mafias en esa zona.

El mandatario aclaró que la pregunta se refiere a bases extranjeras, no necesariamente militares, y que podrían instalarse centros de varios países enfocados en control de drogas o pesca ilegal (como una base de Homeland Security).

Finalmente, Noboa aseguró que cualquier acuerdo incluirá cláusulas que obligarán a regirse bajo las leyes ecuatorianas y garantizarán que “la última palabra la tiene el Gobierno ecuatoriano”.

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