Un juez dictó prisión preventiva para seis familiares y personas cercanas a José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, en el marco del caso Blanqueo Fito, que investiga un esquema de lavado de activos. La operación, ejecutada por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional el 2 de junio en Manabí, Guayas y Pichincha, incluyó 33 allanamientos y resultó en la incautación de 46 propiedades y 26 vehículos, valorados en 12 millones de dólares.
Entre los detenidos están Yandry Nicomedes M. V., hermano de ‘Fito’, capturado en Quito; Jorge Alberto P. T., cuñado, detenido en Manta; Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S., padres de la pareja sentimental de ‘Fito’; José Gregorio B. Z., hermano de la pareja; y Verónica Narcisa B. Z., pareja de ‘Fito’, quien ya estaba en prisión en Guayaquil. Estas personas son acusadas de manejar una red que blanqueaba fondos ilícitos provenientes de actividades como narcotráfico, extorsión y sicariato, vinculadas al cartel de Sinaloa.
La Fiscalía, liderada por el fiscal subrogante Wilson Toainga, señaló que los detenidos operaban a través de cuatro empresas fachada en sectores como bebidas, transporte, ferretería y limpieza, una de las cuales habría sido contratista del Estado. Durante los allanamientos se encontraron documentos de compraventa, sistemas de videovigilancia, pesos argentinos, seis teléfonos móviles, un computador, una pistola, municiones y fajos de billetes de 20 dólares, evidenciando la magnitud de la red.
El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que el operativo busca desmantelar la estructura financiera de Los Choneros, responsables de generar violencia en Ecuador. El comandante de Policía, Pablo Dávila, subrayó que los bienes incautados, que incluyen casas de lujo con piscinas y edificios de hasta seis pisos, reflejan el poder económico de la organización. La Fiscalía estima que la red movió unos 24 millones de dólares en transacciones injustificadas.
‘Fito’, prófugo desde su fuga de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de 2024, enfrenta siete cargos en EE.UU. por narcotráfico y uso de armas, con una recompensa de un millón de dólares por su captura. Las autoridades ecuatorianas continúan las investigaciones para desarticular la estructura criminal, mientras el Consejo de la Judicatura solicitó protección para una jueza involucrada en el caso debido a posibles riesgos.
