Un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en el norte de Guayaquil ha desarticulado lo que simulaba ser el centro operativo de una empresa de seguridad, pero que funcionaba sin los permisos legales correspondientes. Durante el allanamiento realizado en la ciudadela Kennedy, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por 201 armas de fuego, incluyendo 81 fusiles de alta potencia. La investigación ha tomado un giro crítico al vincular este armamento con una compañía que tuvo como accionista mayoritario a “Alias Marino”, el sujeto asesinado el pasado 8 de enero en la isla Mocolí.
El Comandante de la Policía, Pablo Dávila, confirmó que muchas de las armas presentaban numeraciones alteradas o borradas, una irregularidad técnica que impide rastrear su origen legal. A pesar de que la defensa alegó que el inmueble pertenecía a una empresa de seguridad, los agentes no encontraron rótulos oficiales ni documentos que respaldaran la tenencia de los fusiles. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva para cuatro de los implicados, mientras que una mujer recibió arresto domiciliario por motivos de salud. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días para determinar si la supuesta venta de acciones de “Alias Marino” fue real o una fachada.
Las autoridades investigan ahora los contratos suscritos por dicha empresa de seguridad y la trazabilidad de los dispositivos electrónicos incautados (celulares y computadoras), los cuales podrían contener información sobre la distribución de armas en la provincia. Este caso pone de relieve la porosidad entre las empresas de seguridad privada y estructuras delictivas, un tema que las fuerzas del orden mantienen bajo estricta vigilancia tras los hechos violentos registrados a inicios de este 2026.
