El proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, enviado por el Ejecutivo de Daniel Noboa a la Asamblea Nacional el 27 de mayo de 2025, estima que la corrupción y mala gestión en contratación pública representan una pérdida de entre el 0.9% y 2.6% del PIB, equivalente a $1,000 a $2,800 millones anuales, según informes citados por El Universo. La contratación pública, que abarca el 6.5% del PIB ($8,000 millones al año), es vulnerable a ineficiencias, opacidad y corrupción debido a procesos engorrosos y falta de tecnología.
El proyecto propone modernizar el sistema con digitalización, estandarización y transparencia para mitigar distorsiones como precios estacionales y concentración oligopólica, proyectando ahorros de hasta 2.8% del gasto público. Priorizar proveedores locales podría ahorrar un 0.8% adicional, dinamizando mercados y garantizando equidad. Estudios del BID indican que el 10% al 30% del valor de proyectos públicos se pierde por corrupción, un problema global de “impacto abrumador” por su naturaleza oculta.
La iniciativa, en trámite urgente, busca optimizar recursos mediante una base diversificada de proveedores y tecnología moderna. Sin embargo, enfrenta resistencias en la Asamblea, donde la oposición, liderada por figuras como Rafael Dávila, cuestiona su constitucionalidad por falta de unidad de materia. El oficialismo, según Adrián Castro, defiende que el proyecto combate el crimen organizado y el lavado de activos, cerrando brechas que permiten la corrupción.
Publicaciones en X, como la de @NuevoEcuador25, destacan que los $8,000 millones anuales en contratación pública son un foco de riesgo que requiere medidas urgentes. La aprobación del proyecto, que debe resolverse en 30 días, enfrenta tensiones políticas, con advertencias de posibles desacatos constitucionales si el Ejecutivo insiste en su publicación sin el aval legislativo.
