El Gobierno Nacional enfrenta un complicado panorama legislativo para su proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, cuyo objetivo principal es reformar el Biess y los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados. La propuesta busca fortalecer el manejo de fideicomisos y devolver la administración de los fondos a sus participantes, con la meta de brindar mayor liquidez y transparencia en la gestión de los recursos de afiliados y jubilados. A pesar de que la bancada oficialista confía en su aprobación, la iniciativa carece del respaldo unificado de otros partidos, lo que la deja en una situación incierta.
Para asegurar la aprobación del proyecto en el Pleno de la Asamblea, el Gobierno cuenta con dos posibles estrategias. La primera opción es conseguir el respaldo de tres legisladores de Pachakutik de la región amazónica, cuyo voto es crucial para alcanzar los 77 necesarios. La segunda, y en caso de no lograr el apoyo suficiente, es esperar que el proyecto entre en vigor por el ministerio de la ley, lo que ocurriría si la Asamblea no se pronuncia dentro del plazo de 30 días, que vence el próximo 28 de septiembre. Este último escenario permitiría al presidente ordenar su publicación en el Registro Oficial mediante decreto ley.
La propuesta ha generado una fuerte división en la Asamblea. Mientras la bancada oficialista, ADN, defiende el proyecto como un beneficio para los jubilados, la oposición, incluyendo al Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC), lo critica duramente. Representantes de la oposición argumentan que la ley pondría en riesgo los fondos del Biess y abriría la puerta a la privatización. En el seno de Pachakutik, la división es evidente, con algunos legisladores en contra del proyecto por considerarlo perjudicial para los recursos de los afiliados, mientras que otros han votado consistentemente a favor del Gobierno.
