El uso de dispositivos exclusivos de vehículos de emergencia en autos particulares se ha convertido en un foco de atención para las autoridades de Quito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), las sanciones por la instalación no autorizada de sirenas y balizas experimentaron un crecimiento exponencial, pasando de 251 citaciones en 2024 a 712 en 2025. Esta tendencia refleja un incremento en la vigilancia sobre vehículos que intentan suplantar identidades oficiales o evadir el tráfico mediante dispositivos luminosos y acústicos reservados estrictamente para la seguridad y emergencia del Estado.
El marco legal es riguroso y establece sanciones en dos niveles. Por un lado, el Ministerio del Interior prohíbe a las empresas de blindaje y particulares la instalación de estos sistemas, aplicando multas de seis salarios básicos, lo que equivale a 2.892 dólares. Por otro lado, la sanción operativa aplicada por los agentes de tránsito bajo el COIP implica una multa de 48 dólares (10 % del salario básico de 2026, fijado en 482 dólares), la reducción de tres puntos en la licencia de conducir y el retiro inmediato de los dispositivos del vehículo.
De las 963 citaciones acumuladas en los últimos dos años, solo una ha sido impugnada, lo que demuestra la efectividad de los operativos de control. La AMT recordó que estas disposiciones buscan prevenir el uso indebido de elementos de identificación estatal, garantizando que solo los vehículos autorizados tengan prioridad en las vías. Las autoridades instan a los conductores a retirar voluntariamente estos sistemas para evitar las severas multas administrativas que la cartera de Estado aplica independientemente de la infracción de tránsito.
