El 20 de mayo de 2025, tras la renuncia de Diana Salazar como fiscal general del Estado, el expresidente Rafael Correa la calificó de “incompetente” y “criminal” en un mensaje publicado en su cuenta de X. Desde Bélgica, donde reside tras ser condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, Correa acusó a Salazar de ser una “pieza clave y amoral” en un supuesto lawfare que “destruyó la justicia del país”. Alegó que archivó cinco procesos contra el expresidente Guillermo Lasso en su último mes y no actuó contra Lenín Moreno por el caso Sinohydro, sugiriendo que Salazar protegió a ambos por intereses políticos.
Correa también celebró la salida de Salazar, afirmando que “se les acabó el recreo” a quienes, según él, usaron la justicia para perseguir a su movimiento, Revolución Ciudadana. “El país no volverá a ser el mismo, la justicia debe ser de todos y para todos, nunca más un instrumento de persecución política”, escribió. La reacción generó controversia en redes, con usuarios como @Libertador_Ec comparando sus palabras con amenazas previas contra Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, y exigiendo justicia. Otros, como @losdelmedioec, destacaron la virulencia de los ataques de Correa.
Salazar, quien lideró investigaciones emblemáticas como Sobornos, Metástasis, y casos contra Lasso (Flopec, archivado) y Moreno (Sinohydro), enfrentó constantes críticas del correísmo, que la acusó de persecución política. Su gestión, marcada por amenazas del crimen organizado, culminó con una transición ordenada a Wilson Toainga, quien asumió como fiscal titular interino.
