El expresidente Rafael Correa y la excandidata presidencial Luisa González reaccionaron con dureza ante las recientes denuncias presentadas por Julio José Neira, quien señaló presuntos nexos entre el movimiento político y la estatal venezolana PDVSA. A través de sus redes sociales, Correa descalificó las declaraciones del funcionario, calificándolas de persecución política y un intento de desprestigio en el marco de la coyuntura electoral. Por su parte, González negó cualquier tipo de financiamiento irregular proveniente del exterior, sosteniendo que estas acusaciones carecen de pruebas reales y buscan desviar la atención de los problemas internos que enfrenta el actual gobierno nacional. Para los máximos representantes del correísmo, estos señalamientos forman parte de una narrativa sistemática orientada a debilitar la estructura del partido mediante el uso de instituciones estatales para fines electorales.
La confrontación subió de tono cuando Neira ratificó que las investigaciones apuntan a un esquema de triangulación de recursos que involucraría a figuras clave del entorno de la Revolución Ciudadana con operaciones de la petrolera venezolana en territorio ecuatoriano. Ante esto, la dirigencia del movimiento anunció que tomará acciones legales por calumnias, argumentando que se está violando el debido proceso al difundir información no contrastada judicialmente. El debate ha generado una fuerte polarización en la opinión pública, mientras diversos sectores exigen una fiscalización exhaustiva de las cuentas del partido para esclarecer el origen de sus fondos. Con este nuevo enfrentamiento, la tensión política en Ecuador se intensifica, dejando en evidencia la profunda fractura entre el oficialismo y la oposición respecto a la transparencia financiera y la influencia de agentes extranjeros en el sistema político del país.
