El ministro del Interior, John Reimberg, ha anunciado una reestructuración profunda en el sistema penitenciario ecuatoriano. Este nuevo modelo busca poner fin a la fragmentación de la seguridad que actualmente existe en las 35 cárceles del país, donde policías resguardan los exteriores, militares operan en el interior y guías penitenciarios se encargan de los pabellones. Con la implementación de esta medida, una sola institución –ya sea la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas– asumirá la responsabilidad integral de centros penitenciarios específicos, siempre en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
Se estima que en un plazo de uno a dos meses se definirá qué cárceles quedarán bajo la exclusiva responsabilidad de cada fuerza. Para reforzar el control carcelario, el Gobierno planea la contratación de 10.000 personas, priorizando a policías y militares en servicio pasivo. Una de las medidas incentivadoras para estos exuniformados es la garantía de que conservarán el 100% de su pensión, sumándose a su nuevo salario. El objetivo principal de estas contrataciones es liberar a los policías y militares en servicio activo que actualmente se encuentran custodiando las prisiones, permitiendo que regresen a sus tareas de seguridad ciudadana en las calles, donde su presencia es crucial. Las acciones de esta reestructuración se concentrarán en los centros penitenciarios considerados más conflictivos, con especial atención a aquellos ubicados en Guayaquil, dada la compleja situación de seguridad que enfrenta la ciudad.
