En Ecuador, la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública ha desatado preocupación entre juristas debido a las reformas que permiten al Consejo de la Judicatura declarar en emergencia a la Función Judicial. La normativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por 84 votos en la Asamblea Nacional el 26 de junio de 2025, faculta al presidente del Consejo, Mario Godoy, a tomar medidas excepcionales, como evaluar y remover jueces y fiscales de manera expedita. Esta medida, según expertos, podría comprometer la independencia del sistema judicial.
La reforma, incluida en el artículo 269.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que el presidente del Consejo de la Judicatura puede proponer la declaratoria de emergencia tras un análisis técnico, siempre que sea aprobada por mayoría simple en el pleno del organismo. Durante este estado, se podrían implementar procesos rápidos para seleccionar operadores de justicia, reasignar recursos y realizar evaluaciones anticipadas a magistrados. Sin embargo, críticos advierten que estos procedimientos carecen de transparencia y podrían ser manipulados políticamente.
El abogado penalista Julio César Cueva expresó su alarma, comparando la reforma con tácticas empleadas durante el correísmo, que resultaron en un sistema judicial subordinado al poder político. Según Cueva, la normativa perpetúa un modelo que debilita la justicia, dejándola vulnerable a la corrupción y al control del gobierno de turno. Otros juristas consultados por EL UNIVERSO coinciden en que la falta de criterios claros para la declaratoria de emergencia abre la puerta a decisiones arbitrarias.
Por su parte, la oficialista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió la reforma durante el debate legislativo, argumentando que busca combatir la corrupción y mejorar la transparencia en el sistema judicial. No obstante, la rapidez con la que se tramitó el proyecto, calificado como urgente en materia económica, ha generado dudas sobre sus verdaderas intenciones y el impacto a largo plazo en la independencia judicial.
La Ley de Integridad Pública, que también incluye reformas a más de 20 normativas, como el Código de la Niñez y la Ley de Tránsito, refleja un esfuerzo del gobierno por abordar múltiples frentes. Sin embargo, la centralización de poder en el Consejo de la Judicatura y la posibilidad de declarar emergencias sin controles robustos han encendido las alarmas. Juristas exigen un debate más amplio para garantizar que las reformas fortalezcan, en lugar de debilitar, la justicia en Ecuador.
