El 28 de abril de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador inició el primer debate sobre un proyecto de reforma constitucional impulsado por el presidente Daniel Noboa, que busca eliminar el financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos. La propuesta, que modifica los artículos 110 y 115 de la Constitución, fue presentada mediante el Decreto Ejecutivo 467 y cuenta con el aval de la Corte Constitucional. El objetivo es redirigir los fondos públicos hacia sectores prioritarios como salud, educación y seguridad, en un contexto de limitaciones presupuestarias.
La reforma plantea que los partidos políticos se financien exclusivamente con aportes de sus afiliados y simpatizantes, eliminando las asignaciones del presupuesto general del Estado. Además, se mantiene la promoción electoral equitativa a través de medios públicos, pero se prohíbe el uso de recursos estatales y la publicidad gubernamental en campañas. La Corte Constitucional validó el trámite como reforma parcial, asegurando que no afecta derechos ni garantías constitucionales. Si la Asamblea aprueba el proyecto, se someterá a un referéndum para su ratificación.
Durante el debate, asambleístas como Nataly Morillo, del oficialismo, defendieron la iniciativa, argumentando que los candidatos deben costear sus propias campañas, lo que podría reducir el uso indebido de fondos públicos. Sin embargo, algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre las implicaciones para partidos pequeños, que podrían enfrentar desventajas frente a organizaciones con mayor capacidad financiera. La Comisión Ocasional, presidida por Lucía Posso, elaboró un informe que recoge diversas perspectivas, destacando la necesidad de un debate riguroso que equilibre la equidad democrática con la optimización de recursos.
El informe de la Comisión subraya que el financiamiento estatal ha sido clave para garantizar la participación equ equitativa en procesos electorales, pero su eliminación podría liberar recursos para necesidades urgentes. La Asamblea tiene hasta 60 días para preparar el informe para el segundo debate, aunque el receso legislativo y la campaña electoral podrían retrasar el proceso. La discusión continuará en el Pleno, con un enfoque en la transparencia y el impacto económico y social de la reforma.
