El reingreso ilegal a Estados Unidos tras una deportación es un delito federal grave bajo el Título 8, Sección 1326(a) del Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión, dependiendo de los antecedentes del migrante y las circunstancias del caso. Según la legislación, una persona deportada que regresa sin autorización enfrenta castigos que varían desde multas económicas hasta encarcelamiento. Por ejemplo, un reingreso sin antecedentes penales previos puede conllevar hasta 2 años de prisión, pero si el migrante tiene condenas por delitos menores (tres o más) o un delito grave, la pena puede escalar a 10 años, y hasta 20 años por crímenes graves como narcotráfico, terrorismo o trata de personas.
Casos recientes ilustran la severidad de estas sanciones. En 2017, Luis Alexander Zaldívar-Ramos, mexicano de 23 años con una condena previa por un delito grave y dos deportaciones, fue sentenciado a ocho meses de prisión federal por reingreso ilegal. Por su parte, Julio César Ontiveros-Tafolla, también mexicano, recibió una pena equivalente a cinco meses y medio tras tres deportaciones previas. Estas penas no solo incluyen prisión, sino también nuevas deportaciones y prohibiciones de reingreso que pueden extenderse por 5, 10 o 20 años, o incluso de forma permanente, según la gravedad del caso.
Para regresar legalmente tras una deportación, los migrantes deben solicitar un perdón (Formulario I-212) y, en algunos casos, esperar períodos de 5 a 20 años, dependiendo de la causa de la deportación, como presencia ilegal prolongada o delitos graves. La solicitud de este perdón requiere demostrar dificultades extremas para familiares ciudadanos o residentes legales en EE. UU. Sin embargo, el reingreso ilegal anula esta posibilidad y puede resultar en multas, prisión y vetos permanentes. Las políticas migratorias más estrictas implementadas desde 2025 han intensificado los controles, con operativos que han deportado a miles de personas, aumentando las consecuencias para quienes intentan reingresar sin autorización.
La salida voluntaria es una alternativa que evita el registro de deportación y permite al migrante abandonar el país por su cuenta, aunque implica renunciar a apelaciones y cumplir plazos estrictos, con sanciones por incumplimiento que incluyen 10 años de prohibición de reingreso. Las autoridades, como ICE, priorizan la persecución de reingresos ilegales, especialmente de aquellos con antecedentes penales, considerando estas acciones una amenaza a la seguridad pública. Los migrantes enfrentan un proceso complejo, donde la asesoría legal es crucial para evaluar opciones como visas o perdones migratorios, ya que el reingreso ilegal agrava significativamente las consecuencias legales.
