La fiscal general Diana Salazar renunció el 20 de mayo de 2025, tras culminar su periodo de seis años, dejando a Wilson Toainga como fiscal subrogante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe a su reemplazo mediante un concurso público de méritos y oposición. La decisión, comunicada tras meses de incertidumbre sobre su continuidad, obliga al CPCCS a agilizar un proceso estancado desde 2023, cuando no se avanzó en la renovación de autoridades clave como las del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía. La falta de presupuesto, con solo $2,000 asignados para concursos, y la percepción de “pasividad” señalada por el consejero Gonzalo Albán, han generado críticas sobre la capacidad del organismo para garantizar un proceso transparente y eficiente.
El concurso, regulado por un reglamento aprobado en mayo de 2025, debe conformar una comisión ciudadana en un plazo máximo de 30 días, según el Código Orgánico de la Función Judicial. Este proceso, que incluye veeduría ciudadana con más de 500 inscritos, podría tomar entre siete y diez meses si no enfrenta obstáculos legales, como ocurrió en concursos anteriores que se retrasaron por acciones constitucionales. La sociedad civil exige que el nuevo fiscal sea elegido por su probidad y ética, en un contexto donde casos de corrupción como Metástasis y Purga han resaltado la importancia de una Fiscalía independiente. El CPCCS, bajo la presidencia de Andrés Fantoni, enfrenta el desafío de superar las limitaciones económicas y administrativas para evitar una posible acefalía en la institución.
