La Corte Constitucional del Ecuador resolvió dar trato prioritario a la acción extraordinaria de protección presentada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en el marco del proceso de revocatoria de mandato que avanza en su contra.
Esta decisión, que se ampara en la relevancia nacional del caso, abre un nuevo capítulo en la disputa entre el poder institucional y la movilización ciudadana.
El recurso fue interpuesto por Muñoz tras considerar que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) vulneró sus derechos al no haber sido notificado debidamente durante el trámite del pedido de revocatoria, lo que, a su juicio, afectó su derecho a la defensa y al debido proceso.
La Corte aceptó analizar el caso y lo colocó en la categoría de atención prioritaria, lo que implica una resolución más ágil que la habitual.Más de 250.000 firmas respaldan la revocatoria de Pabel Muñoz.
Mientras se resuelve esta acción judicial, el proceso de revocatoria continúa avanzando. El colectivo ciudadano que impulsa la iniciativa ya ha recolectado más de 250.000 firmas, superando ampliamente el mínimo requerido por ley, que corresponde al 10 % del padrón electoral del Distrito Metropolitano de Quito (alrededor de 206.000 firmas).
Los promotores han señalado que seguirán recolectando firmas hasta alcanzar un margen que les permita afrontar sin riesgo el proceso de validación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual debe verificar la autenticidad de las rúbricas antes de convocar a una eventual consulta popular.
Revocatoria de mandato: ¿Herramienta ciudadana o instrumento de presión política?El origen de este proceso se remonta a 2023, cuando Pabel Muñoz fue sancionado por el TCE con una multa y disculpas públicas por hacer pronunciamientos políticos a favor de una candidatura presidencial mientras ejercía su cargo como alcalde.
Esta actuación fue interpretada como una infracción electoral por proselitismo, y fue tomada como sustento por los solicitantes para impulsar la revocatoria de su mandato.
En ese contexto, la acción presentada por el alcalde busca frenar el proceso, argumentando que se ha vulnerado su derecho al debido proceso. Sin embargo, desde sectores ciudadanos se cuestiona si este recurso no constituye, en la práctica, una maniobra para evitar enfrentar las urnas.Corte Constitucional y control político: Un precedente nacional.
La priorización de este caso por parte de la Corte Constitucional pone en la agenda nacional la relación entre las garantías constitucionales y el ejercicio del control ciudadano. ¿Hasta qué punto las herramientas legales se convierten en mecanismos legítimos de defensa y cuándo pasan a ser escudos frente al escrutinio popular?
La respuesta de la Corte marcará un precedente en cuanto a la aplicación del control constitucional sobre decisiones electorales. Mientras tanto, el colectivo impulsor de la revocatoria asegura que la democracia se defiende también desde las calles, con participación ciudadana activa y presión legítima dentro del marco legal.
Lo que vieneEn caso de que la Corte falle a favor del alcalde, el proceso de revocatoria podría ser suspendido o incluso anulado. Si se desestima la acción de protección, el proceso continuará su curso y, una vez validadas las firmas, el CNE deberá convocar a una consulta popular para que los quiteños decidan en las urnas si Pabel Muñoz debe continuar o no en su cargo.
Con el reloj corriendo y la ciudadanía movilizada, el futuro político del alcalde de Quito está ahora en manos de la Corte Constitucional. La decisión que se tome será clave no solo para el caso de Muñoz, sino también para el uso y aplicación de las herramientas de participación democrática en el país.
