El movimiento Revolución Ciudadana (RC), en alianza con Renovación Total (RETO), denunció el 30 de abril de 2025 que el Consejo Nacional Electoral (CNE) obstaculiza un nuevo recurso de impugnación contra los resultados de la segunda vuelta presidencial del 13 de abril. La candidata Luisa González, quien obtuvo el 44.37% frente al 55.63% de Daniel Noboa (ADN), afirmó que el CNE actúa como “juez parcializado” al rechazar la revisión de 27,834 actas con presuntas irregularidades, como inconsistencias numéricas y falta de firmas. La denuncia, respaldada por el procurador Francisco Estarellas, busca anular los resultados y abrir las urnas para un reconteo.
RC-RETO ha presentado múltiples objeciones desde el cierre del escrutinio, incluyendo reclamos previos sobre 1,875 y 1,021 actas, todos desestimados por el CNE por no cumplir requisitos del Código de la Democracia. González y el expresidente Rafael Correa han acusado al CNE de encubrir un supuesto fraude, señalando anomalías como la variación en el padrón electoral entre la primera y segunda vuelta, que consideran causal de nulidad. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, calificó las acusaciones de “graciosas” y cuestionó la ausencia de los 47,083 delegados de RC durante el conteo, mientras misiones de la OEA y la UE avalaron la transparencia del proceso.
El movimiento correísta planea agotar instancias nacionales, acudiendo al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y, de ser necesario, recurrir a organismos internacionales. Estarellas destacó que las impugnaciones suman más de 16,000 actas entregadas, insistiendo en que el sistema electoral perjudicó a González. Mientras, el CNE, tras rechazar el último recurso el 28 de abril, avanza hacia la proclamación final de Noboa como presidente para el periodo 2025-2029. Las tensiones reflejan un clima de polarización, con RC cuestionando la legitimidad del proceso y el CNE defendiendo su gestión.
