La alianza Revolución Ciudadana-Reto, encabezada por la excandidata presidencial Luisa González, presentó el sábado 26 de abril una nueva objeción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 13 de abril de 2025. En esta ocasión, la organización política cuestiona 1.021 actas de escrutinio, alegando presuntas irregularidades que, según sostienen, podrían haber afectado el resultado final del proceso electoral.
El CNE ya había proclamado oficialmente los resultados el 24 de abril, declarando como ganador al binomio conformado por Daniel Noboa y María José Pinto, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), con un 55,63% de los votos, frente al 44,37% obtenido por González. La nueva impugnación será analizada por las áreas técnicas del organismo electoral, aunque, de acuerdo con la normativa vigente, si se determina que los argumentos ya fueron tratados en objeciones anteriores, la solicitud podría ser rechazada sin mayor trámite.
En paralelo, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado el 26 de abril en el que reconoce la validez de los resultados numéricos presentados por el CNE. La misión internacional señaló que sus observadores realizaron un cotejo aleatorio de actas de escrutinio, comparándolas con los datos del Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER), sin encontrar evidencia de irregularidades o inconsistencias. Asimismo, la OEA destacó que las actas transmitidas coincidían plenamente con las entregadas a los partidos políticos y las devueltas en los paquetes electorales.
A pesar de estos pronunciamientos, la Revolución Ciudadana ha manifestado su intención de llevar sus denuncias a instancias internacionales, argumentando que existen elementos que podrían indicar un posible fraude electoral, como la transferencia de tinta en las papeletas. Sin embargo, tanto el CNE como la OEA han reiterado la transparencia y legitimidad del proceso electoral, lo que pone en entredicho la viabilidad de las objeciones presentadas por la alianza opositora.
Conforme a la ley, los sujetos políticos tuvieron hasta el domingo 27 de abril para presentar impugnaciones ante el CNE. En caso de que estas sean rechazadas, la siguiente instancia para apelar sería el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que deberá evaluar los argumentos y decidir si procede o no una revisión más profunda del proceso electoral.
