El movimiento Revolución Ciudadana (RC) continuará inhabilitado para realizar campaña electoral en la consulta popular de 2025, promovida por el presidente Daniel Noboa, cuyo objetivo es impulsar la instalación de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución. La decisión fue adoptada por el juez Patricio Maldonado, quien resolvió negar el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Luisa González, presidenta nacional del correísmo y excandidata presidencial.
González impugnó la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitida el pasado 5 de octubre, mediante la cual se determinó que la directiva de RC no cumplió los requisitos formales para ser calificada como actor de campaña. El argumento central del CNE fue que el documento presentado por González —un certificado del buró político del movimiento— no representaba una decisión válida, ya que, según los estatutos de RC, las posturas frente a procesos electorales o consultas deben ser aprobadas por la convención nacional del movimiento, no por su buró político.
Con base en esta normativa interna, el juez Maldonado respaldó los argumentos del órgano electoral y concluyó que el recurso de González carecía de sustento legal. En su fallo, dispuso el archivo definitivo de la causa, ratificando así la imposibilidad de que Revolución Ciudadana participe oficialmente en la campaña del referéndum y la consulta popular convocada por el Ejecutivo.
Esta resolución representa un nuevo revés judicial para el correísmo, que ya había denunciado una supuesta “persecución política” por parte del Gobierno. Sin embargo, el CNE ha sostenido que su actuación responde estrictamente a lo dispuesto en el Código de la Democracia y en los estatutos internos de la organización, asegurando que el proceso se realizó con apego a la ley y a los principios de equidad electoral.
