El 3 de junio de 2025, el riesgo país de Ecuador descendió de 1.082 a 968 puntos, una reducción de 114 puntos en un día, según el Banco Central del Ecuador (BCE). Este indicador, medido por J.P. Morgan, refleja la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. La baja se atribuye a las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Daniel Noboa, que incluyen auditorías a empresas públicas como Petroecuador, Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), ajustes en tarifas eléctricas para consumidores de alto y medio voltaje, y la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero a partir del 4 de junio.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, estas medidas generarán ingresos de aproximadamente $498 millones, distribuidos en $256 millones por tarifas eléctricas, $42 millones por la eliminación del subsidio al diésel y $200 millones por una nueva tasa minera tras la apertura del catastro minero. La ministra Sariha Moya destacó que el ajuste fiscal no afectará a los hogares ni al precio del diésel para el transporte público, terrestre y de carga, ni a los combustibles para vehículos particulares, enfocándose en sectores industriales de mayor consumo.
La Federación Nacional de Cámaras de Comercio expresó preocupación por el impacto en los costos operativos del sector comercial, que podría enfrentar incrementos de hasta el 40 % en tarifas eléctricas. Sin embargo, el gobierno asegura que las medidas fortalecen la sostenibilidad fiscal y fomentan la atracción de inversión extranjera. Desde el inicio del mandato de Noboa en noviembre de 2023, el riesgo país ha caído significativamente, pasando de un pico de 2.141 puntos en diciembre de 2023 a los 968 actuales, el nivel más bajo en su gestión, impulsado también por acuerdos técnicos con el FMI y la mejora en los precios del crudo.
