Violar el secreto de confesión, un pilar del sacramento de la penitencia en la Iglesia católica, conlleva la excomunión automática para el sacerdote, según el Código de Derecho Canónico (cánones 983 y 1388). Este sigilo, considerado inviolable por derecho divino y eclesiástico, protege la intimidad del penitente y la santidad del sacramento, prohibiendo al confesor revelar pecados o la identidad del penitente bajo cualquier circunstancia, incluso en casos de delitos graves como abusos sexuales.
La pena de excomunión, reservada a la Santa Sede, solo puede ser levantada por el papa. Además, el sacerdote no puede usar la información obtenida en confesión para fines externos ni testificar en juicios, aunque el penitente lo autorice. En casos excepcionales, como prevenir un delito grave, el confesor puede instar al penitente a actuar o buscar ayuda fuera del confesionario, pero sin quebrantar el sigilo.
El debate sobre el secreto de confesión ha surgido en países como Australia, donde se han propuesto leyes para obligar a los sacerdotes a denunciar abusos conocidos en confesión, generando tensiones entre la libertad religiosa y la justicia civil. La Iglesia defiende que el sigilo es esencial para la libertad de conciencia del penitente y no admite excepciones, aunque fomenta que los agresores asuman responsabilidad fuera del sacramento.
