La fragilidad del proceso de transición en Venezuela quedó en evidencia la medianoche de este lunes 9 de febrero de 2026. Juan Pablo Guanipa, exvicepresidente del Parlamento y figura clave de la oposición, fue interceptado y llevado por la fuerza en la urbanización Los Chorros, en Caracas. El incidente ocurrió apenas 12 horas después de que Guanipa fuera excarcelado como parte de los gestos de distensión del gobierno interino de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Según denunció la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, el “secuestro” fue ejecutado por unos diez hombres fuertemente armados y vestidos de civil que se movilizaban en cuatro vehículos sin identificación. El hijo del dirigente, Ramón Guanipa, responsabilizó directamente al régimen por la integridad física de su padre, quien poco antes de su captura había recorrido centros de detención en motocicleta para solidarizarse con otros presos políticos y exigir el respeto a los resultados electorales de 2024.
Amnistía en duda y presión de Washington
Este hecho ocurre en un momento de alta tensión legislativa. Para este martes, el Parlamento tiene previsto debatir la Ley de Amnistía General propuesta por Delcy Rodríguez para “reparar las heridas” del país desde 1999. Sin embargo, el secuestro de Guanipa y las restricciones impuestas a otros liberados, como el asesor legal Perkins Rocha (quien permanece bajo vigilancia policial estricta en su domicilio), arrojan sombras sobre la voluntad real de apertura del gobierno interino, que opera bajo la tutela de la administración de Donald Trump.
La ONG Foro Penal ha verificado que, aunque se han producido cerca de 400 liberaciones desde el 8 de enero, estas ocurren “a cuentagotas” y a menudo bajo medidas cautelares que limitan la participación política. Para la oposición, la captura de Guanipa es un intento de amedrentamiento frente a su discurso de defensa de la soberanía popular y su insistencia en que cualquier transición debe culminar en elecciones libres en un plazo no mayor a diez meses.
