El 17 de julio de 2025, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas ante la Corte Constitucional, cuestionando su forma y fondo, especialmente los artículos 4, 5 y 6, que crean el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, un fideicomiso para su administración y permiten la intervención de Policía y Fuerzas Armadas.
La FOA denunció la falta de consulta prelegislativa y el impacto de la presencia militar en comunidades indígenas cercanas a áreas protegidas, argumentando que afecta el Sumak Kawsay (buen convivir). Solicitaron la suspensión provisional de la ley como medida cautelar y su declaración de inconstitucionalidad tras el análisis.
Esta es la segunda acción contra la ley, tras la presentada el 15 de julio por el abogado Erick Fabián Guapizaca Jiménez. Aprobada el 10 de julio con 80 votos en la Asamblea Nacional y publicada el 14 de julio por el presidente Daniel Noboa, la norma busca la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La causa fue asignada al juez José Luis Terán para su revisión. La controversia refleja tensiones entre la conservación ambiental y los derechos indígenas, en un contexto de debate sobre la participación comunitaria en decisiones legislativas.
