El proceso para seleccionar 50 jueces y conjueces constitucionales en Ecuador se ha convertido en un punto de conflicto dentro del Consejo de la Judicatura, a pocos días de que venza el plazo del 9 de mayo de 2025 para crear las Unidades de Garantías Jurisdiccionales. Las disputas entre los vocales, marcadas por enfrentamientos personales y visiones opuestas, han retrasado la aprobación de un reglamento clave, generando incertidumbre sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.
El desacuerdo radica en la falta de consenso sobre los parámetros del concurso, con críticas cruzadas entre los vocales Wilman Terán, Solanda Goyes y Mercedes Caicedo. Terán, procesado por presunta asociación ilícita en un caso previo de selección de jueces en 2023, ha acusado a Caicedo de liderar un boicot contra el proceso, mientras que Goyes y Caicedo señalan a Terán por intentar imponer sus criterios. Estas tensiones han impedido avanzar en la designación de magistrados, crucial para fortalecer el sistema judicial.
La Corte Constitucional ordenó la creación de estas unidades para garantizar el acceso a la justicia en temas constitucionales, pero el retraso pone en riesgo su implementación. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ha exigido transparencia y que los candidatos sean jueces de carrera con experiencia, para evitar politización y garantizar un sistema judicial equitativo. El Consejo de la Judicatura, bajo presión, debe resolver estas diferencias en los próximos días para cumplir con el mandato y evitar sanciones.
El historial de irregularidades en concursos anteriores, como la nulidad de un proceso en 2024 por denuncias de falta de transparencia, añade complejidad al escenario. La ciudadanía y los gremios judiciales observan de cerca, demandando un proceso limpio que priorice la meritocracia y la independencia judicial, en un contexto donde la confianza en las instituciones sigue siendo frágil.
