La investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, avanza a una etapa crucial y uno de los sicarios en su declaración mencionó que era “un trabajo para el señor Correa”, sin especificar de quien se trataba.
En la Unidad Anticorrupción, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y el exministro José Serrano, señalados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del crimen. La jueza Daniela Ayala convocó la diligencia tras dos años de indagación.
La fiscal del caso, Ana Hidalgo, solicitó prisión preventiva para los cuatro implicados, señalando que existen “indicios claros y suficientes” de coordinación y planificación detrás del ataque. Entre las evidencias se presentó el testimonio de Lenin Vimos, exabogado de Los Lobos, quien afirmó que Aleaga mantenía contactos con cabecillas del grupo criminal mediante líderes de los Latin Kings. Según su versión, a los sicarios se les ofreció beneficios judiciales a cambio de ejecutar el atentado.
La Fiscalía también incorporó como prueba la declaración de Daniel Salcedo, quien aseguró haber participado en el rastreo de Villavicencio a pedido de Leandro Norero, alias El Patrón. Salcedo sostuvo que Jordán financió la operación, Serrano coordinó con policías corruptos y Aleaga confirmó la decisión de ejecutar el crimen. Incluso mencionó reuniones en Guayaquil y ofrecimientos económicos para guardar silencio.
Otro elemento presentado fue una grabación obtenida por el FBI, donde uno de los sicarios aseguró que el asesinato era un “trabajo para el señor Correa”. Aunque el testigo fue posteriormente asesinado, la Fiscalía argumenta que este testimonio respalda la tesis de una conexión política en la planificación del crimen.
En paralelo, las hijas del excandidato presidencial, Amanda y Tamia Villavicencio, denunciaron a Xavier Jordán por intimidación en redes sociales, luego de que el prófugo difundiera mensajes difamatorios y fotografías de su domicilio. La familia exigió garantías de seguridad y respeto a la memoria de Villavicencio. La audiencia busca establecer responsabilidades más allá de los autores materiales y marcar un precedente contra la violencia política en Ecuador.
