El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) calificaron como política, y no técnica, la decisión del Gobierno de reducir los ministerios de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3, desvinculando a 5.000 funcionarios públicos. Los sindicatos planean movilizaciones a partir del 31 de julio y evalúan un paro general para el 16 de agosto.
La portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, anunció el 24 de julio un plan de “eficiencia administrativa” que fusiona ministerios y secretarías. Entre los cambios, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorberá Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares; el Ministerio de Educación integrará Cultura, Deporte y Senescyt; el Ministerio del Interior asumirá ECU-911 y SNAI; y el Ministerio de Energía y Minas absorberá Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Otros ministerios, como Gobierno, Producción, Inclusión Económica y Social, y Agricultura, también integran entidades.
Edwin Bedoya (FUT), Marcela Arellano (Ceosl) y Andrés Quishpe (UNE) criticaron la falta de criterios técnicos para los despidos, señalando que obedecen a acuerdos con el FMI para pagar la deuda externa. “Es una medida neoliberal que precariza al país”, afirmó Bedoya. Quishpe cuestionó la fusión de Senescyt, argumentando que Educación no resuelve problemas actuales como la inseguridad en aulas.
Los sindicatos denuncian que los despidos afectan a trabajadores de gobiernos anteriores, mientras los contratados bajo Daniel Noboa permanecen. Advierten sobre una crisis económica y planean movilizaciones desde la próxima semana, con una convención el 16 de agosto para decidir un posible paro nacional.
