La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) de Ecuador exhortó el 9 de mayo de 2025 a los comercializadores de mascarillas, gel antibacterial y medicamentos a evitar prácticas anticompetitivas, como sobreprecios, ante el aumento de la demanda por una alerta epidemiológica de tosferina y fiebre amarilla. Desde el 5 de mayo, los ministerios de Salud y Educación ordenaron el uso obligatorio de mascarillas por 60 días en escuelas de Guayas, Pichincha, Manabí y Santo Domingo, lo que disparó los precios y generó denuncias ciudadanas por especulación.
La SCE, amparada en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, advirtió contra conductas como la fijación de precios abusivos, la discriminación injustificada de costos o el aumento excesivo de márgenes de ganancia, que perjudican a los consumidores. Para facilitar las denuncias, habilitó canales como el correo [email protected], un formulario en su sitio web (www.sce.gob.ec), el número gratuito 1800-723-737 y atención presencial en sus oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Las sanciones por prácticas anticompetitivas pueden incluir multas, decomiso de productos y medidas correctivas.
En Guayaquil, operativos conjuntos de la Intendencia de Policía y la SCE decomisaron más de 500,000 mascarillas caducadas o sin registro sanitario, según reportes en redes sociales. En Quito, los controles se intensificaron tras reportes de farmacias y distribuidores que triplicaron precios, con mascarillas que pasaron de $0.10 a $0.50 por unidad. La alta demanda agotó existencias en farmacias, especialmente en el centro de Guayaquil, donde ciudadanos denunciaron dificultades para adquirir el producto.
El Ministerio de Gobierno, bajo el Acuerdo Ministerial 069, anunció operativos nacionales para garantizar precios justos, exigiendo a los comercios justificar costos y mostrar valores al público. Las autoridades también promueven el uso responsable de mascarillas, recomendando adquirir solo lo necesario para evitar el acaparamiento, que agrava la escasez. Este panorama, reminiscentes de los primeros meses de la pandemia de COVID-19, subraya la urgencia de controles efectivos para proteger a los consumidores en un contexto de emergencia sanitaria.
