La Superintendencia de Bancos de Ecuador emitió una alerta el 29 de abril de 2025 sobre 25 entidades financieras que operan sin autorización, según El Comercio. Estas organizaciones, detectadas en lo que va del año, ofrecen servicios como créditos e inversiones sin respaldo legal, representando un riesgo de estafa para la población. La lista, actualizada desde las 19 entidades reportadas en abril, incluye nombres como Jiigo S.A.S., Globalinvesment S.A. y Crédito Amigo Ecuador.
El organismo, basado en el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero, prohíbe a personas o empresas ajenas al sistema financiero captar dinero o realizar actividades exclusivas del sector. Estas entidades suelen promocionarse a través de redes sociales, WhatsApp o sitios web, ofreciendo préstamos rápidos con bajos requisitos o altas rentabilidades, características de esquemas piramidales o estafas tipo Ponzi. La Superintendencia advierte que tales prácticas, sancionadas con 5 a 7 años de prisión según el artículo 323 del COIP, carecen de supervisión y ponen en peligro los ahorros de los ciudadanos.
Desde 2017, la Superintendencia ha identificado más de 133 entidades ilícitas, intensificando sus campañas de prevención mediante monitoreo de publicidad en redes y denuncias ciudadanas. En 2025, el aumento de estas operaciones, de 13 en marzo a 25 en abril, refleja la necesidad de liquidez en un contexto de crisis económica. La entidad recomienda verificar la legalidad de cualquier institución en su sitio web oficial, que incluye un catastro de organizaciones autorizadas, y evitar depósitos en cuentas de desconocidos o promesas de ganancias rápidas.
El caso de “Big Money” en Quevedo, liderado por Miguel Ángel Nazareno, es un ejemplo histórico de captación ilegal que dejó miles de víctimas. Actualmente, la Superintendencia colabora con la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para investigar estas redes, algunas vinculadas al lavado de activos y narcotráfico. La ciudadanía puede reportar irregularidades a través de los canales digitales del organismo, que ha fortalecido su vigilancia para proteger a depositantes, afiliados y pensionistas en un entorno financiero cada vez más vulnerable.
