La Superintendencia de Bancos de Ecuador actualizó el 6 de mayo de 2025 su listado de 29 entidades no autorizadas para realizar actividades financieras, alertando a la ciudadanía sobre el riesgo de estafas. Estas instituciones, que incluyen nombres como Presta Mayor, Jiigo S.A.S., Globalinvesment S.A. y Fe y Esperanza.ec, operan sin permiso para captar depósitos o ofrecer créditos, contraviniendo el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero. La lista, que creció de 25 a 29 en una semana, refleja un aumento de actividades ilícitas tras la pandemia, con 76 entidades detectadas en 2024 y 13 en el primer trimestre de 2025.
Estas entidades suelen promocionarse en redes sociales, correos electrónicos o volantes, ofreciendo préstamos rápidos sin requisitos o inversiones con altas rentabilidades, lo que atrae a ciudadanos desprevenidos. La Superintendencia advierte que confiar en ellas puede resultar en la pérdida total de los recursos, ya que no están reguladas ni garantizan la devolución del dinero. Ejemplos recurrentes incluyen promesas de créditos sin historial crediticio o depósitos iniciales para “trámites”, prácticas ilegales que ninguna institución autorizada realiza. La entidad recomienda verificar la legalidad de cualquier institución en su catastro oficial (www.superbancos.gob.ec) antes de entregar fondos.
El superintendente Roberto Romero von Buchwald reiteró su compromiso de proteger la estabilidad del sistema financiero, instando a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas de manera presencial o por correo electrónico ([email protected]). Las entidades no autorizadas a menudo usan nombres similares a bancos o cooperativas legales, como Coopnacional o Financiera Uninova, para generar confusión, pero no tienen relación con las instituciones reguladas. En 2024, casos como el de “Big Money” y otros esquemas de captación ilegal vinculados a bandas como Los Lobos evidenciaron los riesgos, incluyendo lavado de activos. La Superintendencia intensifica campañas informativas para prevenir estafas y proteger a los usuarios financieros.
