El superpetrolero Skipper, interceptado esta semana por fuerzas estadounidenses cerca de la costa de Venezuela, se dirige en la actualidad hacia las inmediaciones del puerto de Houston, en Estados Unidos. La nave transportaba aproximadamente 1,85 millones de barriles de crudo pesado Merey, de acuerdo con el rastreo satelital. El cargamento será sometido a un proceso legal de decomiso bajo supervisión judicial, según confirmaron fuentes oficiales y medios especializados en logística marítima. Dadas sus grandes dimensiones, el Skipper no podrá ingresar al puerto de Houston y deberá anclar cerca de la costa para descargar el crudo en buques de menor tamaño. Las autoridades portuarias estadounidenses y la petrolera estatal venezolana PDVSA han mantenido silencio sobre el episodio. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el Skipper fue interceptado y retenido bajo una orden judicial de incautación. Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló que el buque es un “buque fantasma” sancionado previamente por Washington por haber transportado petróleo iraní en el mercado clandestino internacional, y que la interceptación esta vez se fundamenta en su historial de contrabando de hidrocarburos sancionados.
La operación se llevó a cabo mediante la cooperación entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos. El abordaje de la embarcación implicó el despliegue de medios armados, incluyendo helicópteros y lanchas rápidas. El régimen de Nicolás Maduro calificó la acción como un “asalto” y “robo”, al tiempo que prepara acciones legales ante foros internacionales. Este episodio intensifica la presión sobre el gobierno de Venezuela y su petrolera PDVSA, cuyos ingresos busca restringir Washington, según su política general. El presidente Donald Trump vinculó la campaña a la lucha contra el narcotráfico y a la aplicación de una combinación de sanciones y medidas judiciales en el Caribe. Además, el Skipper navegaba con una bandera falsificada de Guyana. Este caso pone de manifiesto el entramado global en el que se desarrolla el comercio de hidrocarburos bajo sanciones y el impacto geopolítico de las medidas estadounidenses sobre la región.
