Los jueces Christian Fierro, Jorge Sánchez y Carlos Serrano del Tribunal de Juicio en el Caso Triple A suspendieron la audiencia de sustitución y revisión de medidas cautelares y convocaron a las 16:30 de este lunes para anunciar su decisión.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el procesado Ricardo Cevallos, acusados del delito de comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo. La solicitud se basa en un presunto incumplimiento de la medida de presentación periódica dispuesta para Álvarez el pasado 1 de septiembre en Guayaquil.
Defensa de Álvarez presenta justificación oficial
Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, rechazó el pedido de prisión preventiva, alegando que la inasistencia de su defendido estuvo plenamente justificada. Álvarez, quien participó en la audiencia de forma telemática, explicó en un escrito a los jueces que el 1 de septiembre se encontraba en Quito cumpliendo obligaciones oficiales:
- Asistencia a la audiencia oral única de prueba y alegatos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
- Una reunión en la Cancillería con la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro del Interior, John Reimberg, en el marco de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
El abogado García solicitó al Tribunal negar el pedido de la Fiscalía, argumentando que no hubo intención de evadir la medida, sino causas justificadas. También pidió un llamado de atención a la Fiscalía por no observar los detalles de justificación antes de solicitar un cambio a prisión preventiva.
El Caso Triple A y el presunto perjuicio al Estado
El Caso Triple A investiga a 22 personas naturales y jurídicas acusadas de comercialización ilegal de hidrocarburos. La Fiscalía sostiene que se desviaron grandes cantidades de combustible, especialmente diésel subsidiado, a segmentos no destinados para ese beneficio.
- El perjuicio económico determinado por la Fiscalía asciende a aproximadamente $ 61.502.658,39, correspondiente a 22.777.191,80 galones de diésel y gasolina.
- El 19 de julio pasado, 16 personas naturales y seis empresas fueron llamadas a juicio por el juez anticorrupción Renán Andrade.
- Álvarez fue vinculado al caso, junto a otras diez personas y la empresa Harsajudi S. A., el pasado 10 de abril.
Los jueces de la Unidad Especializada en Corrupción darán a conocer su decisión final oralmente a las 16:30 de este lunes, 29 de septiembre.
