La paralización de las operaciones mineras en el altiplano orense, ejecutada por el Gobierno debido a las altas concentraciones de metales pesados en los ríos Calera y Amarillo, ha provocado un efecto dominó en la economía de la provincia de El Oro. Desde el 2 de febrero, dueños de tiendas, comedores y talleres mecánicos en sectores estratégicos como El Pache y la vía a Zaruma reportan una caída drástica en sus ingresos. Comerciantes locales, que anteriormente percibían hasta 35 dólares diarios, aseguran que sus ventas actuales apenas alcanzan los 5 dólares, mientras que muchos establecimientos han optado por el cierre temporal ante la ausencia de trabajadores y transportistas de material aurífero.
El cese de actividades afecta directamente a cerca de 10000 familias e indirectamente a otras 80000 que dependen de la cadena productiva minera en los cantones de Portovelo, Zaruma, Piñas y Atahualpa. En las plantas intervenidas, la maquinaria permanece apagada y los jornaleros realizan labores de limpieza mientras esperan una resolución que permita la reapertura de las concesiones. El ambiente de tensión crece entre la población flotante y los residentes permanentes, quienes ven cómo el dinamismo de la zona se apaga a la espera de que los planes de acción ambiental solicitados por las autoridades permitan reactivar el principal motor económico de la región.
