Priscila Schettini, asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana, no podrá asumir su cargo en la Asamblea Nacional debido a una sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La resolución, aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra, suspende sus derechos políticos por tres años y le impone una multa de 22.500 dólares. La decisión responde a una denuncia presentada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien acusó a Schettini de cometer actos de violencia política de género con matices racistas.
La sentencia también afecta a la abogada Angélica Porras, quien fue sancionada con una multa de 13.500 dólares y la suspensión de sus derechos políticos por dos años. Ambas fueron señaladas por realizar publicaciones en redes sociales y promover iniciativas que buscaban desprestigiar a Salazar, incluyendo acusaciones de plagio y el uso de etiquetas como “#LadyImpericia”. El TCE determinó que estas acciones constituyen una infracción electoral grave, según el Código de la Democracia, afectando la imagen personal y profesional de la fiscal con el objetivo de presionarla para que renunciara.
La resolución del TCE es de última instancia, por lo que Schettini no podrá tomar posesión de su curul el próximo 14 de mayo, cuando inicia el nuevo período legislativo. Además, se les ordenó a ambas eliminar las publicaciones ofensivas, ofrecer disculpas públicas y asistir a un curso de sensibilización sobre violencia política de género. Schettini ha manifestado su intención de no acatar la sentencia, alegando persecución política y cuestionando la imparcialidad del proceso. Este caso ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión y la protección contra la violencia política en Ecuador.
