El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) llevó a cabo este martes 3 de marzo la audiencia oral de pruebas y alegatos por la denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la excandidata presidencial Luisa González y otros dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC). El proceso investiga el supuesto mal manejo de los fondos durante las elecciones anticipadas de 2023. Durante la diligencia, presidida por la magistrada Ivonne Coloma, el CNE ratificó que la organización política no ha logrado justificar debidamente 9 de las 12 observaciones realizadas, específicamente en lo que respecta a gastos de publicidad exterior y artículos promocionales.
Argumentos en conflicto
La audiencia expuso posturas contrapuestas sobre el respaldo documental de los gastos de campaña del correísmo:
- Postura del CNE: Sostiene que la información entregada es insuficiente y que existen fondos destinados a vallas publicitarias y gigantografías que no han sido transparentados. Por ello, solicitan sanciones para González y varios actuales asambleístas involucrados.
- Defensa de la RC: Rechazó los cargos asegurando que todas las observaciones fueron respondidas de manera íntegra y dentro de los plazos legales, aportando la documentación técnica necesaria para desestimar la denuncia.
Estado actual del proceso
La diligencia finalizó pasadas las 18:00 tras una extensa jornada de debate jurídico.
- Plazo para el CNE: El organismo tiene 48 horas para ratificar formalmente su intervención.
- Resolución: Una vez cumplido este plazo, la jueza Coloma analizará las pruebas de cargo y descargo para dictar una sentencia de primera instancia.
- Implicaciones: La resolución podría determinar multas económicas o incluso la suspensión de derechos políticos para los señalados, dependiendo de la gravedad de las infracciones que se logren comprobar.
