El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el 15 de julio la apelación de la exvicepresidenta Verónica Abad Rojas a la sentencia del 14 de marzo de 2025, que desestimó la denuncia de la asambleísta Diana Jácome por presunta violencia política de género. La decisión, respaldada por los jueces Ángel Torres, Joaquín Viteri, Guillermo Ortega, Patricio Maldonado y Richard González, ratifica que la actuación de la jueza Ivonne Coloma fue legal y no constituye amedrentamiento.
En la sentencia inicial, Coloma desestimó la denuncia de Jácome, quien acusó a Abad de involucrarla sin fundamento en un proceso para intimidarla y menoscabar sus derechos políticos. La jueza determinó que no se comprobó intención de agresión basada en estereotipos de género ni discurso misógino. Además, ordenó remitir el caso a la Contraloría para revisar el uso de recursos públicos asignados a Abad en la residencia diplomática en Turquía.
El TCE también dispuso que el Consejo de la Judicatura evalúe la conducta de los abogados de Abad, Damián Armijos, Dominique Dávila y Eric Erazo, por posibles faltas procesales o violaciones a la lealtad y buena fe. La sentencia del 14 de marzo quedó en firme, y el TCE ordenó su ejecución.
La resolución cierra la controversia sin hallar evidencia de violencia política de género, mientras las investigaciones sobre el uso de recursos públicos y la conducta de los abogados seguirán su curso en las instancias correspondientes.
