La reciente afirmación del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la presión militar en Colombia ha provocado que el narcotráfico se desplace “en masa” hacia Ecuador, ha generado una profunda división entre el discurso oficial y la realidad operativa en las fronteras. Mientras el Gobierno sostiene que el éxito en las incautaciones —que rozan las mil toneladas de cocaína— está expulsando a las estructuras criminales, fuentes de inteligencia y analistas de defensa advierten que los grandes grupos armados ilegales han fortalecido su músculo financiero en territorio colombiano, tecnificando la producción en enclaves estratégicos como el Pacífico para asegurar el control de las economías ilícitas.
Contrario a la teoría de una migración de capos colombianos hacia el sur, las capturas recientes en ciudades como Medellín y Bogotá sugieren un fenómeno inverso: cabecillas de alto valor de organizaciones ecuatorianas, como ‘Los Choneros’ y ‘Las Águilas’, han sido ubicados en Colombia buscando refugio frente a la ofensiva de las autoridades de su país. Según expertos, la dinámica actual no refleja un debilitamiento estructural de las mafias locales, sino una mutación en la cadena de mando donde los grupos armados colombianos actúan como proveedores directos de carteles extranjeros, manteniendo su presencia y capacidad bélica dentro de las fronteras nacionales para proteger sus laboratorios y rutas de exportación.
