La frontera norte de Ecuador se ha transformado en un ecosistema criminal de alta complejidad que hoy sostiene una de las crisis diplomáticas más agudas de la región. Este martes 3 de febrero de 2026, el escenario fronterizo es el principal argumento del presidente Daniel Noboa para mantener un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, denunciando una “falta de reciprocidad” por parte del gobierno de Gustavo Petro en el control de las disidencias y el tráfico de drogas. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), el narcotráfico ya no es solo un tránsito de grupos colombianos; ahora es una cadena de valor compartida con bandas locales como Los Tiguerones y Los Lobos, que dependen mutuamente para movilizar cocaína, precursores químicos y combustible.
La situación es el resultado de un vacío de poder dejado tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Aunque más de 13.000 combatientes se desmovilizaron, facciones como la Segunda Marquetalia y grupos vinculados a alias Gentil Duarte retomaron las armas y controlan hoy los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo. Este desborde ha llevado la violencia directamente a provincias ecuatorianas, donde las “vacunas” (extorsiones), la minería ilegal y el tráfico de nuevas sustancias como la ketamina se han vuelto moneda corriente.
