Una tercera explosión sacudió la ciudadela Samanes 2, en el norte de Guayaquil, la madrugada del 20 de mayo de 2025, a solo 200 metros de dos atentados previos ocurridos el 14 y 16 de mayo. El estruendo, registrado alrededor de las 02:30, fue provocado por un artefacto explosivo arrojado en la vía pública, cerca de una unidad educativa particular, que dejó el pavimento fracturado y levantó escombros. Según la Policía Nacional, no se reportaron heridos, pero en el lugar se hallaron panfletos con amenazas dirigidas a moradores y negocios del sector, sin señalar a un propietario específico. Las autoridades investigan si los hechos están vinculados a extorsiones o “vacunas” por parte de bandas delictivas.
Los atentados comenzaron el 14 de mayo, cuando un explosivo dañó la fachada y el balcón de una vivienda, seguido por otro el 16 de mayo que afectó cinco casas, un vehículo y un taller mecánico cercano. Cámaras de seguridad captaron a sujetos en motocicleta lanzando los artefactos, y en el caso más reciente, un video mostró a un joven arrojando el explosivo antes de huir. Vecinos reportaron un altercado dos días antes del segundo ataque, donde un inquilino de una casa afectada fue amenazado por jóvenes, según grabaciones. La Policía, liderada por el comandante de la Zona 8, William Villarroel, recopila indicios balísticos y analiza videos para identificar a los responsables, considerando la hipótesis de una posible confusión de objetivos debido a la similitud de las viviendas atacadas.
La zozobra en Samanes 2 ha llevado a los moradores a exigir mayor presencia policial y patrullajes permanentes, especialmente en horarios de ingreso a clases y por las noches. Una representante del comité barrial solicitó la instalación de una Estación de Acción Segura (EAS) para reforzar la seguridad en todas las etapas de Samanes, mientras los residentes temen que las bandas comiencen a exigir dinero “casa por casa”. La Fiscalía del Guayas ha iniciado una indagación previa bajo el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el terrorismo con 19 a 22 años de prisión. Estos eventos, que se suman a otros ataques en Guayaquil, como una explosión en el suburbio el mismo 16 de mayo, reflejan la creciente ola de violencia ligada al crimen organizado, con 2,361 muertes violentas reportadas en el primer trimestre de 2025.
