Una comunicación anónima resultó determinante para el operativo policial que intervino las sedes de la Corporación Nacional de Electricidad y la Empresa Eléctrica Centro Sur. Según el parte oficial, un ciudadano denunció la existencia de una estructura dedicada a la alteración de planillas de consumo y manipulación de proyectos, señalando a 23 implicados. No obstante, el documento revela que la llamada no pudo ser grabada debido a fallos técnicos en el sistema estatal de denuncias. Esta alerta ciudadana coincide con las investigaciones del Gobierno sobre un perjuicio económico que superaría los 300 millones de dólares durante la última década.
La ministra de Energía, Inés Manzano, explicó que la red operaba mediante la reducción artificial de las lecturas reales de consumo en el sistema interno, llegando a emitir facturas con descuentos de hasta el 80 % sin justificación alguna. Otro método detectado consistía en la anulación total de deudas en instancias de regulación tras reclamos de usuarios. Pese a que 46 personas fueron retenidas inicialmente para investigaciones, todas recuperaron su libertad tras rendir versiones. Por su parte, sectores de trabajadores cuestionan el alcance de las detenciones, señalando que los ajustes en el sistema de facturación requieren niveles de autorización que solo poseen mandos medios y altos.
