La Policía Nacional reporta que la facilidad de acceso a armas de fuego ha incrementado la violencia armada en Ecuador, con un aumento significativo en los casos de tráfico ilícito de armas, que pasaron de 230 en 2020 a 731 en 2023. Este crecimiento, según datos del Ministerio del Interior, está directamente ligado al alza en homicidios intencionales, que en 2023 alcanzaron una tasa de 44,7 por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina.
El tráfico de armas, proveniente principalmente de Perú, Bolivia y Colombia, ha fortalecido a grupos delictivos como Los Choneros, Los Lobos y Las Águilas, que utilizan armamento sofisticado, incluyendo fusiles, subametralladoras y lanzagranadas, para disputas territoriales por narcotráfico, extorsión y minería ilegal. En 2023, el 87,94% de los homicidios se cometieron con armas de fuego, frente al 54,93% en 2019, reflejando la creciente disponibilidad de estas. Operativos en provincias como Guayas, Manabí y El Oro han incautado miles de armas y municiones, como las 3.337 armas destruidas en Guayas en mayo de 2024, pero el flujo ilícito persiste.
La porosidad de las fronteras, la corrupción en instituciones y el mercado negro, incluidas redes sociales, facilitan el ingreso de armas. Un informe de 2023 reveló que el 54,41% de los encuestados en un estudio del gobierno consideraba alta la infiltración de mafias en entidades públicas, aunque el 82,35% afirmó no conocer casos específicos en sus instituciones. La falta de trazabilidad y registros biométricos agrava el problema, con más de 80.000 armas registradas en manos de 1.600 compañías de seguridad privada, muchas sin controles efectivos.
El impacto de la violencia armada trasciende los homicidios, afectando comunidades con extorsión, secuestros y desplazamiento forzado. En 2025, Guayaquil, Durán y Samborondón concentran el 88,5% de los asesinatos, con 2.361 casos en el primer trimestre, un 63% más que en 2024. La militarización y operativos conjuntos de Policía y Fuerzas Armadas, como el decomiso de 30 armas largas provenientes de México en 2024, buscan contrarrestar esta crisis, pero expertos advierten que sin cooperación internacional y políticas de desarme efectivas, la violencia persistirá.
El gobierno de Daniel Noboa impulsa una ley para desarticular economías criminales, pero la proliferación de armas sigue desafiando la seguridad. La colaboración con EE.UU. en inteligencia y trazabilidad se considera clave, aunque los resultados son limitados frente al crecimiento exponencial del mercado ilícito.
