La exclusividad de la isla Mocolí, en Samborondón, fue el escenario de un crimen que evidencia la infiltración del crimen organizado en sectores de alta plusvalía. Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino o Ancla, fue asesinado la noche del pasado miércoles mientras se encontraba en una cancha de fútbol. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este viernes 9 de enero de 2026 que el fallecido era un objetivo de alto valor y poseía propiedades en el sector, donde el metro cuadrado supera los 1200 dólares. Según las investigaciones, Marino no vivía en la urbanización del ataque, sino en otro complejo cercano dentro de la misma isla.
El móvil del triple asesinato apunta a una ruptura interna en las estructuras delictivas. Reimberg señaló que alias Marino, histórico cabecilla de Los Lagartos —banda con fuerte dominio en el Guasmo Sur de Guayaquil—, estaba en proceso de separarse de su organización. La inteligencia policial detectó que el sujeto negociaba una nueva alianza con el grupo Los Lobos, lo que fue interpretado como una traición por su banda original, desencadenando el fatal ajuste de cuentas. Un dato clave en la investigación es la identidad de la persona que reservó la cancha e invitó a Marino al sitio; se trataría de un individuo conocido públicamente por un supuesto atentado previo contra su vida.
Más allá del sicariato, el caso revela la fachada empresarial de Olivero Vargas. Alias Marino figuraba como accionista, gerente o presidente de varias empresas exportadoras y de seguridad. El ministro Reimberg denunció que estas compañías de seguridad son utilizadas por criminales para obtener permisos de armas de forma legal. Ante esta situación, el Gobierno ha dotado a la Policía Nacional de un nuevo programa tecnológico para rastrear si armamento registrado a nombre de estas empresas ha sido utilizado en actos delictivos, mientras se procede con el cierre administrativo de las entidades vinculadas al hoy fallecido.
