El presidente Daniel Noboa ordenó el traslado temporal de la Comandancia General de la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Guayaquil, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, firmado el 13 de junio de 2025. La medida busca reforzar la seguridad en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), epicentro de la violencia en Ecuador, con 1.676 muertes violentas registradas hasta el 14 de junio de 2025, un aumento de 686 casos respecto al mismo periodo de 2024. El objetivo es planificar y dirigir operaciones estratégicas desde el territorio más afectado por homicidios, secuestros y extorsiones.
El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, destacó que el reposicionamiento en Guayaquil, desde el Cuartel Modelo, permite una supervisión directa y la intensificación de operativos en distritos críticos como Durán, Sur, Nueva Prosperina y Portete, que concentran el 73% de los hechos violentos. La estrategia incluye megaoperativos como “Apolo”, controles viales y un análisis predictivo que combina datos de denuncias con inteligencia sobre cabecillas y zonas de operación. Sin embargo, expertos como Daniel Pontón cuestionan su efectividad, argumentando que el traslado es más un golpe psicológico que una solución estructural, dado que no aborda problemas de fondo como la falta de infraestructura policial.
Exgeneral Euclides Mantilla enfatizó que los comandantes locales ya conocen la problemática, pero requieren mayor apoyo institucional y presencia continua de Fuerzas Armadas y Policía. Analistas como Mario Segovia señalan que Guayaquil necesita al menos 600 Unidades de Policía Comunitaria para sus tres millones de habitantes, y critican que los agentes no patrullen lo suficiente. La ciudadanía, como Andrea Galindo de Sauces 4, expresa frustración por la falta de coordinación entre autoridades locales y nacionales, mientras la violencia persiste, dejando a Guayaquil en una crisis de seguridad sin soluciones definitivas a la vista.
