Un tribunal de la Corte Provincial de Guayas revocó el 20 de mayo de 2025 la sentencia de hábeas corpus que reconocía la desaparición forzada de cuatro menores en el caso Las Malvinas, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en Guayaquil. La jueza Tanya Loor había declarado en diciembre de 2024 la responsabilidad del Estado por la detención de Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, por una patrulla militar en la avenida 25 de Julio, tras una supuesta alerta de robo. Los menores fueron trasladados a Taura, donde sus cuerpos fueron hallados incinerados días después. La revocatoria, solicitada por el Ministerio de Defensa y la Procuraduría, argumenta que no se cumplieron los elementos de desaparición forzada, generando indignación entre las familias y la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH).
Fernando Bastias, abogado de la CDH, calificó la decisión como una “burla” a la justicia, anunciando que apelarán ante la Corte Constitucional para revertir el fallo. La defensa de los 17 militares procesados, que enfrentan cargos por desaparición forzada y permanecen en prisión preventiva, sostiene que los menores fueron liberados en Taura, aunque testimonios y reconstrucciones de hechos revelaron golpes y posibles torturas durante la detención. La Fiscalía ha solicitado una audiencia preparatoria de juicio para el 27 de mayo de 2025, mientras las familias, devastadas, exigen verdad y reparación, apoyadas por medidas cautelares de la ONU y la resolución de la Asamblea Nacional que señaló la responsabilidad política del exministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
