Tras cinco días y más de 44 horas de audiencia, la jueza Mercedes Caicedo suspendió el domingo 22 de junio la diligencia del caso Reconstrucción de Manabí para deliberar con los magistrados Marco Rodríguez y Javier de la Cadena. La Corte Nacional de Justicia anunciará su decisión oral el 30 de junio a las 09:00, tras evaluar testimonios, pruebas documentales y alegatos de cierre en el proceso por peculado contra Jorge Glas y Carlos Bernal.
El fiscal general encargado, Wilson Toainga, pidió condenar a Glas, expresidente del Comité para la Reconstrucción, y a Bernal, exsecretario técnico, con la pena máxima de 13 años de prisión por peculado, además de multas de $32.900 y una reparación integral de $225.325.910,92 a favor de la Procuraduría. Toainga también solicitó medidas inmateriales, como publicar la sentencia en medios nacionales y disculpas públicas, para sentar un precedente contra el abuso de fondos públicos tras el terremoto de 2016.
Las defensas de Glas y Bernal rechazaron las acusaciones, alegando falta de pruebas contundentes. Andrés Villegas, abogado de Glas, calificó la acusación de “falaz” y defendió que el comité actuó conforme a la norma para reactivar Manabí y Esmeraldas. Glas se declaró perseguido político, negando haber manejado dineros o contratos, y afirmó que se lo juzga por diferencias de criterio sobre prioridades.
Roberto Calderón, defensor de Bernal, argumentó que su cliente, como secretario técnico, no tenía voto ni decisión en el comité, carecía de control sobre proyectos o fondos, y no manejaba cuentas públicas. Calderón insistió en la inocencia de Bernal, destacando que la Secretaría Técnica no tenía capacidad para aprobar o rechazar proyectos, limitándose a coordinar con el Ministerio de Economía.
La Fiscalía y las acusaciones particulares subrayaron la necesidad de justicia para evitar “elefantes blancos” que beneficien a pocos, mientras las defensas pidieron ratificar la inocencia de los procesados. El fallo del 30 de junio determinará si Glas y Bernal son responsables del presunto mal uso de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
