El presidente Donald Trump intensificó la presión en Los Ángeles al ordenar el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional el 8 de junio de 2025, en respuesta a tres días de protestas contra redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que dejaron 118 detenidos. Las manifestaciones, centradas en el Centro Metropolitano de Detención, incluyeron bloqueos de autopistas, quema de vehículos y enfrentamientos con gas lacrimógeno y balas de goma, mientras Trump calificó la ciudad como “invadida por inmigrantes ilegales” en Truth Social, exigiendo arrestos de manifestantes enmascarados.
El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass condenaron el envío de tropas como “ilegal” y “provocador”, argumentando que exacerba tensiones sin el consentimiento estatal, una medida sin precedentes desde 1965. Newsom anunció una demanda contra la Casa Blanca, mientras Bass llamó a protestas pacíficas, destacando que la mayoría han sido no violentas. Las redadas, dirigidas a lugares como Home Depot y tribunales, han generado críticas por su impacto en comunidades latinas, con activistas denunciando condiciones de hacinamiento en centros de detención.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el senador Chuck Schumer cuestionaron la legalidad del despliegue, advirtiendo sobre violaciones a la libertad de expresión. Trump, respaldado por figuras como Tom Homan, insiste en que las protestas refuerzan su política de deportaciones masivas, con 19.558 personas removidas hasta mayo de 2025. La escalada, que incluye amenazas de enviar marines, pone a Los Ángeles en el centro de un conflicto entre el gobierno federal y autoridades locales, polarizando aún más el debate migratorio.
