El gobierno de Donald Trump revocó, el 22 de mayo de 2025, la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) de la Universidad de Harvard, prohibiendo la matrícula de nuevos estudiantes extranjeros y poniendo en riesgo el estatus legal de los 6.800 alumnos internacionales actuales, que representan el 27% del total de estudiantes. La decisión, comunicada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una carta oficial, acusa a Harvard de fomentar un entorno inseguro al permitir “actividades ilegales y violentas” de estudiantes extranjeros, además de supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino y tolerancia al antisemitismo en el campus. Esta medida se suma a recortes previos de $2.200 millones en fondos federales y $450 millones en subvenciones, intensificando un conflicto que comenzó con la negativa de Harvard a cumplir exigencias del gobierno sobre políticas de admisión y enseñanza.
La controversia se remonta a abril de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional exigió a Harvard registros de actividades de estudiantes extranjeros, tras acusaciones de un ambiente hostil hacia estudiantes judíos durante protestas propalestinas en 2024. Harvard, bajo el liderazgo de su presidente Alan Garber, rechazó estas demandas, calificándolas de “ilegales” y defendiendo la autonomía académica. La universidad argumenta que la prohibición amenaza su misión educativa, la diversidad de su comunidad y la economía estadounidense, dado que los estudiantes internacionales contribuyen significativamente a la investigación y al prestigio de la institución. Un juez federal en California emitió una orden que impide, por ahora, la deportación masiva de estudiantes, pero Harvard debe entregar registros en 72 horas para intentar revertir la medida.
El impacto de la prohibición es profundo, no solo para los estudiantes, que enfrentan incertidumbre sobre su futuro académico, sino también para Harvard, que podría perder ingresos clave por matrículas más altas de extranjeros y líneas de investigación en ciencias, ingeniería y salud pública. La comunidad universitaria, como expresó la estudiante Alice Goyer, está en “pánico”, mientras el estudiante austriaco Karl Molden señaló que la medida hace a EE. UU. menos atractivo para la educación superior. Harvard ha anunciado acciones legales para impugnar la decisión, respaldada por una orden judicial que protege temporalmente a los estudiantes. La tensión refleja un enfrentamiento más amplio entre la administración Trump y las universidades de la Ivy League, a las que acusa de promover ideologías progresistas, generando un debate sobre los límites de la autonomía universitaria frente a la presión política.
