El 3 de junio de 2025, la administración de Donald Trump anunció la revocación de una directriz emitida en julio de 2022 por el gobierno de Joe Biden, que obligaba a los hospitales de Estados Unidos a realizar abortos de emergencia para estabilizar la salud de mujeres en situaciones críticas, como hemorragias graves o riesgo de pérdida de órganos. Esta medida, basada en la Ley de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo de Parto (EMTALA) de 1986, buscaba garantizar atención estabilizadora en emergencias, incluso en estados con prohibiciones estrictas al aborto, aplicándose a hospitales que reciben fondos de Medicare.
La decisión de Trump, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, refleja un cambio de política, argumentando que la guía de Biden no se alinea con la actual administración. La revocación ha generado críticas de médicos y defensores de los derechos reproductivos, quienes advierten que pone en riesgo la vida de mujeres en emergencias médicas. Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, señaló: “La administración Trump prefiere que las mujeres mueran en salas de emergencia antes que permitir abortos que salven vidas”.
La guía de 2022 se emitió tras la anulación de Roe v. Wade por la Corte Suprema, que eliminó el derecho federal al aborto, dejando la regulación a los estados. Una investigación de Associated Press reveló que, incluso con la directriz de Biden, decenas de mujeres fueron rechazadas en salas de emergencia, incluyendo casos donde se necesitaban abortos urgentes. En 2024, la Corte Suprema emitió un fallo procesal sobre un caso en Idaho, donde la ley estatal solo permite abortos para salvar la vida de la madre, pero dejó sin resolver si EMTALA prevalece sobre las prohibiciones estatales.
Actualmente, 23 estados tienen restricciones severas o prohíben el aborto, según el Centro de Derechos Reproductivos, lo que complica el acceso a procedimientos de emergencia. La decisión de Trump intensifica el debate sobre los derechos reproductivos, especialmente tras su postura de dejar la regulación del aborto a los estados, expresada durante la campaña electoral de 2024.
