a orden de captura contra el expresidente boliviano Evo Morales por presunta trata agravada de personas sigue activa tras un nuevo fallo judicial. Un juez de La Paz suspendió este viernes una decisión previa que anulaba la orden y trasladaba el caso a Cochabamba, bastión de Morales. La defensa, liderada por Wilfredo Chávez, calificó el fallo de “ilegal” y denunció “presiones políticas”, mientras Nelson Cox insistió en que el caso debería resolverse en Cochabamba, donde afirman que ya fue cerrado en 2020.
La acusación, iniciada en 2024 por la fiscal de Tarija, alega que Morales tuvo un hijo con una menor durante su presidencia. Declarado en rebeldía en 2025 por no asistir a audiencias, enfrenta medidas como congelamiento de cuentas y prohibición de salir del país. Resguardado en el Trópico de Cochabamba, sus seguidores bloquearon carreteras para protegerlo.
Pese a la prohibición de reelección, Morales planea postularse en las elecciones de agosto y marchar a La Paz para inscribirse. Su ruptura con Luis Arce, candidato oficialista del MAS, intensifica la crisis política en Bolivia.
