Un tribunal del distrito de Massachusetts emitió una orden judicial que impide al servicio de migración y aduanas acceder a la base de datos confidencial del servicio de impuestos internos. La medida cautelar bloquea el intercambio de direcciones y otros datos tributarios que eran empleados para rastrear y detener a migrantes en territorio estadounidense. El magistrado a cargo subrayó que la legislación federal impone límites estrictos a la divulgación de información fiscal, determinando que las excepciones legales no facultan su uso generalizado en operativos de control migratorio.
El fallo responde a una demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles, las cuales argumentaron que esta práctica genera un clima de desconfianza en el sistema financiero. Según los demandantes, el temor a represalias migratorias disuadiría a millones de personas de cumplir con sus declaraciones de impuestos, afectando directamente la recaudación federal. Aunque el gobierno defendió la legalidad de los acuerdos de intercambio de datos entre agencias, la corte priorizó el riesgo de daño irreparable a la privacidad y la estabilidad del sistema tributario nacional.
