La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de Ecuador será elevada a Dirección de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra el crimen organizado, según anunció el ministro del Interior, Jhon Reimberg. Este cambio busca incrementar personal y recursos, pero expertos como Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, advierten que la modernización de métodos es crucial para enfrentar las nuevas dinámicas de extorsión y secuestro ligadas al narcotráfico y el control territorial.
Rivera señala que los métodos actuales de Unase, centrados históricamente en extorsiones a élites y secuestros relacionados con el conflicto colombiano, están obsoletos. Hoy, la extorsión afecta a todos los estratos sociales y está vinculada al narcotráfico, con grupos criminales buscando control territorial. En 2022, se reportaron 6.651 casos de extorsión, que se triplicaron a 20.293 en 2024, un aumento del 205,1%. En 2025, ya suman 4.569 casos.
El secuestro extorsivo también creció alarmantemente: de 581 casos en 2022 a 1.457 en 2024, un alza del 150,7%, con 417 casos en 2025 hasta la fecha. Rivera propone priorizar la persecución de redes criminales sobre casos individuales y fortalecer la unidad de tráfico de armas, clave para reducir la violencia asociada. La falta de adaptación a estas nuevas dinámicas limita la efectividad policial, pese al 95% de resolución de casos reportado por el comandante Pablo Dávila.
La transformación de Unase en Dirección incluye un presupuesto propio y la incorporación de 100 agentes adicionales, según Reimberg. Sin embargo, Dávila reconoce que reclutar personal especializado es complejo, requiriendo pruebas de confianza y capacitación rigurosa. Además, se han implementado canales anónimos, como la línea 1-800-Delito y una página web, para fomentar denuncias y recuperar la confianza ciudadana, especialmente en zonas comerciales afectadas por extorsiones.
El Gobierno justifica estas medidas con la necesidad de desarticular la economía criminal, pero el éxito dependerá de actualizar la doctrina de investigación y coordinar esfuerzos con otras unidades. Los operativos en áreas comerciales buscan proteger a los comerciantes, pero la escalada de violencia exige un enfoque integral que aborde el narcotráfico, el tráfico de armas y el control territorial para frenar la creciente ola de inseguridad.